La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) alertó sobre un proyecto de ley que ya recibió media sanción en la Cámara de Diputados de República Dominicana y que, de ser aprobado, constituiría un grave retroceso para la libertad de expresión en la país.
El proyecto incluye reformas al Código Penal y, entre ellas, una que castiga las expresiones eventualmente ofensivas contra el presidente y el vicepresidente de la República, senadores, diputados, jueces, autoridades electorales y el procurador general de la República con penas de cárcel de dos a tres años y multas equivalentes a entre siete y nueve salarios.
“Esta disposición que ya aprobó, en primera lectura, la Cámara de Diputados dominicana, eleva a la difamación e injuria al rango de delito penal, cuando toda la jurisprudencia producida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos va en la dirección exactamente opuesta”, advirtió Claudio Paolillo, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP
Dijo que si el Congreso dominicano continúa por este camino y acaba sancionando definitivamente esta reforma, “sentará un precedente enormemente negativo, no sólo para ese país, sino para toda la región”.
El artículo 191 de la ley que está siendo discutida en el Congreso dice que constituye injuria el hecho de proferir públicamente a otra persona, física o moral, “cualquier expresión afrentosa, invectiva o que encierre término de desprecio”, lo que significa otra contravención a la doctrina proclamada por los países miembros de la OEA que favorece la despenalización de los delitos de palabra o contra el honor.
Aurelio Henríquez, presidente del Colegio Dominicano de Periodistas, declaró que “condenar a prisión a un periodista constituye una violación a la libertad de información y al derecho que tienen los ciudadanos a ser y estar informados”.
La prensa dominicana reaccionó frente a este intento de los legisladores por entender que sanciones de esta naturaleza buscan inhibir a los periodistas para expresarse sobre las principales figuras públicas y reducir la capacidad de crítica de la prensa hacia el gobierno.
Además, la propuesta legislativa viola la Constitución de la República y el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos al imponer un régimen de “lesa majestad”, “ley mordaza” o “ley de desacato”, y es asimilable a un régimen de “censura previa” para el tratamiento de asuntos relacionados directamente con los principales gobernantes.
“Sinceramente, esperamos que los parlamentarios que tienen este gravísimo asunto en sus manos honren la democracia dominicana, reflexionen y abandonen la idea de castigar con cárcel y multas a los periodistas o ciudadanos críticos de los gobernantes”, manifestó Paolillo.
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